Senival Moura, concejal de la ciudad de São Paulo, fue detenido el jueves 25 de junio tras una operación conjunta de la Policía Civil de São Paulo y el Ministerio Público del estado (MPSP). La investigación reveló que el edil recibió, al menos, 250.000 reales en depósitos en efectivo durante un período de tres años, lo que equivale a unos 45.000 euros. Estas cifras han despertado sospechas de lavado de dinero y vínculos con el Primer Comando de la Capital (PCC) a través de la empresa de autobuses Transunião.
Entre enero de 2019 y mayo de 2022, Senival habría movilizado un total de 2,3 millones de reales sin origen declarado, lo que se traduce aproximadamente en 414.000 euros. Además de los 45.000 euros en efectivo, los investigadores identificaron pagos por cheques que suman 81.000 reales —unos 14.580 euros— y otros gastos cuyo detalle no ha sido precisado en el informe oficial. La falta de correspondencia entre los ingresos formales del concejal y el patrimonio declarado ha sido uno de los indicios centrales para la apertura de la causa.
La operación bautizada como “Última Parada” desveló que el supuesto entramado de lavado de activos funcionaba mediante la empresa de transporte Transunião, con un nexo directo con el PCC, una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil. Fundado en 1993 en el sistema penitenciario de São Paulo, el Primer Comando de la Capital comenzó reclamando mejores condiciones para los reclusos y evolucionó hasta convertirse en una red criminal dedicada al narcotráfico, secuestros y lavado de dinero.
Según el informe de la Policía Civil, las transacciones que involucraban a Senival también guardan relación con el asesinato de Adauto Soares Jorge, exdirector de la Transunião, en 2020. El homicidio, perpetrado en la zona este de São Paulo, se habría configurado como una represalia del PCC por supuestos desfalcos en la recaudación de la empresa. La víctima mantenía comunicaciones vía WhatsApp en las que aparecían instrucciones para pagos semanales de 70.000 reales —unos 12.600 euros— que, según los mensajes, necesitaban la aprobación directa del concejal.
A pesar de no figurar formalmente en la estructura societaria de Transunião, Senival ejercía una influencia decisiva en la destinación de recursos. Varios testimonios recuperados de mensajes de texto mencionan al edil con sobrenombres como “veio”, “extrema” y “presidente”, aludiendo tanto a su autoridad dentro de la red de pagos como a la localidad de Extrema, donde posee una residencia de alto estándar.
En el dispositivo de Whatsapp interceptado, Leonel Moreira Martins, señalado como uno de los operadores financieros, solicita reiteradamente fondos y se refiere a “hablar con el concejal” antes de ejecutar cada desembolso. Por ejemplo, un mensaje fechado el 6 de agosto de 2019 instruye: “Día 15 valor 53.500. Ya hablé con el concejal”, lo que equivale a unos 9.630 euros. Estas comunicaciones avalan la tesis de una coordinación sistemática de recursos por parte de Moura.
La investigación se enmarca dentro de un contexto más amplio de combate al lavado de dinero en Brasil, una práctica que suele aprovechar complejos entramados empresariales y el paraguas de funcionarios públicos. El Ministerio Público de São Paulo ha reforzado en los últimos años su capacidad de rastreo de flujos financieros ilícitos, apoyándose en legislación específica y en acuerdos de cooperación internacional.
Por el momento, Senival Moura permanece bajo custodia mientras la Fiscalía recopila nuevas pruebas y analiza posibles vinculaciones adicionales con la organización criminal. De confirmarse los cargos, el concejal podría enfrentarse a duras sanciones penales, así como inhabilitación para ejercer cargos públicos.
