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Operación en São Paulo detiene a concejal y incauta fusiles de Cachorrão, asociado al PCC

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La Policía Civil de São Paulo, en colaboración con el Ministerio Público de São Paulo (MPSP), llevó a cabo la denominada Operación Última Parada contra un sofisticado esquema de blanqueo de capitales vinculado al Primer Comando de la Capital (PCC). Durante la intervención, los agentes incautaron fusiles, drogas y diverso material bélico en un inmueble asociado a Jair Ramos de Freitas, conocido como “Cachorrão”.

Además de “Cachorrão”, otras cuatro personas fueron objeto de mandatos de detención, entre ellas el concejal Senival Pereira de Moura (PT), quien fue arrestado la mañana del jueves 25 de junio. El MPSP señaló que se trata de un grupo organizado que utilizaba empresas de autobuses como tapadera para lavar el dinero procedente del narcotráfico.

Según la Policía Civil, Cachorrão actuaba como enlace directo del PCC en la concesionaria Transunião Transportes S.A. La estructura de esta compañía permitía canalizar recursos ilícitos a través de contratos y servicios de transporte público, algo habitual en grandes urbes donde el sector de los autobuses mueve decenas de millones de euros al año.

La investigación se remonta a 2020, tras el asesinato de Adauto Soares Jorge, exdirector de Transunião, en el barrio de Lajeado, zona oeste de São Paulo. Los peritos concluyeron que Adauto fue ejecutado a tiros porque presuntamente desviaba fondos del esquema para beneficiar al propio Senival Pereira de Moura. El delegado Ronaldo Sayeg, director del Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic), confirmó que el PCC respondió al desvío con la ejecución y que “Cachorrão” se encuentra señalado como probable autor material del homicidio.

En el proceso de recolección de pruebas apareció una carta manuscrita identificada como un “salve” del PCC, donde se detallaba un presunto desvío de 15 millones de reales (aproximadamente €2,7 millones) y se aludía a disputas internas por el control total de la Transunião. Asimismo, se hallaron planillas de contabilidad que revelan movimientos por valor de 8,7 millones de reales (unos €1,57 millones) entre 2019 y 2022, de los cuales 2,47 millones de reales (alrededor de €444 600) carecen de origen declarado.

La documentación interna del grupo delictivo señala a Senival Moura como beneficiario oculto de al menos 13 autobuses registrados a nombre de testaferros o de la propia Transunião. Al mismo tiempo, se constata que el concejal posee un elevado patrimonio inmobiliario, presuntamente incompatible con los ingresos oficiales que declara en la Cámara Municipal de São Paulo.

Los detenidos en la Operación Última Parada son Jair Ramos de Freitas (“Cachorrão”), Senival Pereira de Moura, Leonel Moreira Martins, Lourival de França Monário y Devanil de Souza Nascimento (“Sapo”). Junto a Transunião Transportes S.A., las empresas Duvale Distribuidora de Petróleo y Alcohol Ltda, SPM – Transporte Urbano de Passageiros S/A, Universo Bus Comércio e Serviços Ltda, LMP Transportes, ICM Transportes y FRF Transportes figuran como partes integrantes de la red de lavado de dinero.

El Deic es la unidad especializada de la Policía Civil de São Paulo encargada de investigar crímenes complejos, entre ellos organizaciones criminales de gran envergadura como el PCC. Por su parte, el MPSP coordina las acciones penales y judiciales en el estado, aportando la supervisión legal de las diligencias.

En el ámbito institucional, Senival Pereira de Moura ocupaba cargos clave en la Cámara Municipal, entre ellos el de primer secretario de la Mesa Directora y presidente de la Comisión de Tránsito, Transporte y Actividad Económica, lo que, según los investigadores, le facilitaba influir en licitaciones y contratos del sector de transporte público.

Desde el Ayuntamiento de São Paulo, la Secretaria Municipal de Movilidad Urbana y Transporte (SMT) y la SPTrans informaron que los servicios de autobuses operados por Transunião continúan con normalidad. La Administración local ha afirmado que aguardará la notificación oficial de las decisiones judiciales para determinar las medidas administrativas y contractuales pertinentes.

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