Ministros del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil han evitado la posibilidad de seguir presencialmente los encuentros de la Copa del Mundo de 2026 que se celebrará en territorio de los Estados Unidos. Según informa el portal Metrópoles, la principal preocupación de estos magistrados está vinculada a posibles restricciones de entrada al país norteamericano o incluso a impedimentos para acceder a los estadios, como consecuencia de medidas adoptadas en ejercicios presidenciales anteriores.
Entre los altos cargos judiciales que podrían verse afectados figuran ocho de los ministros del STF, incluidos Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes y el expresidente del propio tribunal, Luís Roberto Barroso. Por su parte, Luiz Fux, André Mendonça y Nunes Marques habrían quedado al margen de las limitaciones de visado impuestas previamente por la administración de los Estados Unidos.
El origen de este desconcierto se remonta al año pasado, cuando la administración de Donald Trump aplicó sanciones contra Alexandre de Moraes en virtud de la Ley Magnitsky. Esta legislación, aprobada por el Congreso de Estados Unidos en 2016, faculta al Ejecutivo norteamericano para restringir o vetar la entrada de personas señaladas por violaciones de derechos humanos o actos de corrupción. Las sanciones incluyeron la congelación de activos en EE. UU. y la denegación de visados para varias autoridades brasileñas, entre ellas el propio Moraes.
Aunque la sanción dirigida contra Moraes fue retirada en diciembre pasado, tras una solicitud formal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva y gestiones de la Cancillería brasileña, la incertidumbre sobre quién mantiene autorizado el acceso al territorio estadounidense persiste entre los miembros de la Corte. Varios ministros han manifestado de forma extraoficial que prefieren evitar cualquier riesgo de enfrentar situaciones incómodas o contratiempos, como ser retenidos en controles migratorios o denegados en el otorgamiento de entradas a recintos deportivos.
La Copa del Mundo de 2026 se disputará de manera conjunta en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. No obstante, la selección brasileña sólo jugará sus partidos de la fase de grupos en sedes ubicadas en Estados Unidos. Las ciudades anfitrionas incluyen Nueva York, Los Ángeles, Dallas y Miami, entre otras. Este escenario convierte al país norteamericano en el principal destino de las delegaciones y afición brasileña.
En el ámbito diplomático, la política de visados de Estados Unidos para personalidades y autoridades extranjeras difiere de la establecida para turistas. Habitualmente, los visados diplomáticos o de cortesía se gestionan directamente en las embajadas y requieren coordinación oficial entre gobiernos. Sin embargo, ante la aplicación de sanciones de carácter personal, ese proceso puede verse interrumpido, dejando a los afectados con un estatus migratorio incierto.
El temor de los magistrados del STF no sólo se limita al acto de vetarles la entrada al país, sino también a posibles restricciones locales dentro de los recintos deportivos. Fuentes cercanas a la Corte han señalado que, aunque se han enviado solicitudes de acreditación con suficiente antelación, la duda sobre si dichas peticiones serán procesadas sin contratiempos añade un nivel de inseguridad mayor.
En los últimos años, la relación bilateral entre Brasil y Estados Unidos ha experimentado altibajos, en parte motivados por diferencias políticas y jurídicas en la manera de abordar temas de derechos humanos, corrupción y soberanía nacional. La Ley Magnitsky, que lleva el nombre del ciudadano ruso Serguéi Magnitski, existe desde 2012 pero fue la versión estadounidense, adoptada en 2016, la que amplió su alcance a nivel global. Desde entonces, varios funcionarios de distintos países han sido incluidos en listas de exclusión.
Ante este contexto, el STF analiza opciones alternativas para que algunos de sus miembros puedan seguir los encuentros del Mundial 2026 de forma remota o a través de delegaciones designadas. El objetivo de la Corte es garantizar que su presencia institucional en el evento se mantenga, sin someter a riesgo personal a ninguno de sus integrantes. Hasta el momento, ninguna autoridad judicial ha confirmado oficialmente la renuncia definitiva a viajar, si bien el escepticismo sobre la viabilidad de los visados persiste.
