Un vehículo antidisturbios lanza chorro de agua contra manifestantes en una plaza urbana. (Foto: Instagram)
Los bombardeos, los asesinatos selectivos y los repetidos anuncios de alto el fuego emitidos por diversos grupos armados internos se han convertido en los ejes centrales de la campaña electoral en el país. Mientras algunas formaciones políticas abogan por reforzar las operaciones militares para garantizar la seguridad, otras candidaturas plantean negociar con esos mismos actores para poner fin al conflicto. Esta pugna de estrategias evidencian la fractura entre quienes priorizan la solución a través de la fuerza y quienes apuestan por la vía del diálogo político.
El trasfondo de esta confrontación se remonta a décadas de enfrentamientos internos en los que guerrillas, milicias y organizaciones paramilitares han utilizado tácticas de bombardeo aéreo o terrestre, así como secuestros y asesinatos, para presionar a las autoridades y a la población civil. Tras años de negociaciones infructuosas, algunos de esos grupos han anunciado treguas temporales, buscando un espacio de interlocución. Sin embargo, las reanudaciones repentinas de la violencia han generado desconfianza entre la ciudadanía y alimentan el debate sobre la eficacia de la estrategia militar frente a la diplomacia.
En este escenario, los candidatos que defienden una política de mano dura apelan a reforzar los operativos de inteligencia y a intensificar los bombardeos selectivos contra los cabecillas de los grupos insurgentes. Señalan que únicamente una demostración contundente de fuerza podrá disuadir nuevos ataques y restituir el orden. Entre sus propuestas se incluyen aumentos presupuestarios para la defensa, mayor colaboración con organismos de seguridad internacionales y modificaciones legales que faciliten la extradición de sospechosos de crímenes de guerra.
Por su parte, quienes promueven el diálogo destacan la necesidad de atender al origen político y social de la insurgencia. Argumentan que los bombardeos y los asesinatos selectivos no resuelven las causas subyacentes del conflicto, como la desigualdad regional, la falta de acceso a servicios básicos y las disputas por recursos naturales. Estas candidaturas plantean la apertura de mesas de negociación con todos los grupos beligerantes, incluido el establecimiento de observatorios civiles y comisiones de verificación internacional para avalar cualquier eventual alto el fuego.
La división entre ambas posturas ha encendido un acalorado intercambio de acusaciones durante los debates y foros públicos. Algunos aspirantes han cuestionado la legitimidad de las treguas anunciadas por las milicias, al considerarlas simples maniobras mediáticas para ganar simpatías en zonas de alta conflictividad. Otros, en cambio, reprochan a las fuerzas estatales el uso excesivo de la fuerza y la falta de garantías para proteger a la población civil durante las operaciones militares. Estas discrepancias se reflejan también en las encuestas de intención de voto, donde el respaldo a la negociación fluctúa según la región y el grado de incidencia de la violencia.
El impacto del enfrentamiento abierto en la campaña electoral no se limita al discurso de los candidatos. Las comunidades en zonas rurales y periurbanas, históricamente más afectadas por la presencia de grupos armados, viven con angustia la incertidumbre sobre posibles rebrotes de violencia al acercarse la jornada de las urnas. Organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de coerción del voto y han exigido garantías de seguridad para reforzar la integridad del proceso electoral. En paralelo, distintos observadores internacionales hacen un llamado para que el próximo gobierno combine estrategias defensivas con espacios inclusivos de participación ciudadana.
