La británica Eleanor Williams, de 22 años, fue condenada por la Justicia inglesa a ocho años de prisión tras ser considerada culpable de formular falsas acusaciones de violación y agresión contra varios hombres. La sentencia se dictó este martes en un tribunal de Preston, en el condado de Lancashire, al noroeste de Inglaterra.
El caso adquirió gran repercusión internacional en 2020, cuando Eleanor publicó en sus redes sociales imágenes en las que aparecía con hematomas en el cuerpo, un ojo morado y un dedo parcialmente mutilado. En aquella publicación, declaró haber sido agredida y obligada a participar en “fiestas íntimas” organizadas por hombres de origen asiático. Los comentarios y el apoyo en internet crecieron de forma exponencial gracias a una campaña denominada “Justicia por Ellie”, que movilizó a más de 100 000 seguidores en distintos perfiles y grupos de activismo en línea.
Pese al impacto inicial y a la atención mediática, las investigaciones llevadas a cabo por la policía británica concluyeron que las acusaciones de Williams carecían de fundamento. Según el relato oficial, Eleanor habría autoinfligido los propios hematomas utilizando un martillo que compró en una tienda local. Las autoridades aportaron pruebas en las que se veían fotografías de la joven adquiriendo el objeto, así como registros de cámaras de seguridad de la zona.
Durante el juicio, el magistrado encargado del caso describió todas las alegaciones presentadas por la acusada como “totalmente ficticias” y señaló que no existían testigos independientes que respaldaran sus versiones. Además, el juez subrayó que Williams no mostró “ningún signo significativo de remordimiento” por las consecuencias de sus actos, tal y como recogió la prensa británica, incluida la crónica publicada por The Guardian.
Entre los hombres señalados por Eleanor se encontraba el empresario Mohammed Ramzan, conocido públicamente como Mo Rammy. La acusación inicial sostenía que él lideraba una red internacional de explotación de mujeres y que habría abusado de la joven durante su adolescencia. No obstante, el empresario declaró ante el tribunal que había coincidido con Williams en una sola ocasión, durante una reunión familiar.
Otras personas implicadas en las denuncias fueron Oliver Gardner y Jordan Trengrove. En el caso de Trengrove, llegó a pasar 73 días en prisión preventiva antes de que la investigación desvelara la falta de pruebas. Las pesquisas policiales revelaron también que Eleanor gestionaba hasta seis teléfonos móviles para crear perfiles falsos en aplicaciones como Snapchat, Tinder o OnlyFans, con el fin de generar narrativas que incriminaran a los acusados. Una de estas cuentas se vinculó a la red Wi-Fi del domicilio familiar de la joven, según los datos obtenidos por los investigadores.
Además, la acusada proporcionó a la policía una lista con los nombres de sesenta mujeres que, según su versión, habrían sido explotadas por la supuesta red criminal. Tras revisar cada caso, las autoridades determinaron que ninguno de los testimonios adicionales presentaba indicios de veracidad, de modo que la presunta organización jamás llegó a ser confirmada por otras fuentes.
Antes de conocerse la condena, Eleanor envió una carta al tribunal en la que reiteró sentirse inocente, aunque reconoció ciertos “errores” y pidió disculpas por el trastorno causado. En sus palabras, sostuvo: “Entiendo que es su trabajo acatar el veredicto del jurado y acepto la decisión. Sé que cometí algunos fallos, lo siento mucho. Era joven y estaba confundida”. Poco después, añadió: “No afirmo ser culpable, pero reconozco mis equivocaciones y lamento profundamente los problemas ocasionados en Barrow. De haber previsto las consecuencias de este estado de opinión, no lo habría publicado”.
Este tipo de casos plantea importantes debates en torno a la responsabilidad legal de las denuncias falsas, la reputación de las víctimas reales y los mecanismos de comprobación de las fuerzas policiales. En el sistema jurídico inglés, acusar falsamente a una persona de violación puede derivar en cargos de difamación y de obstrucción a la justicia, con penas de prisión que buscan disuadir este tipo de conductas. La condena de Williams se inscribe, por tanto, en un contexto en el que los tribunales pretenden garantizar un equilibrio entre el derecho de las víctimas a denunciar y la protección de los acusados frente a inventos maliciosos.
