Protesta de judíos ultraortodoxos en Jerusalén contra el servicio militar obligatorio (Foto: Instagram)
La Suprema Corte de Israel dictaminó de forma unánime la retirada de los beneficios económicos que recibían los judíos ultraortodoxos que rehúsan cumplir con el servicio militar obligatorio. Con esta medida, el máximo tribunal del país busca equiparar las obligaciones de esta comunidad religiosa con las del resto de ciudadanos israelíes, reduciendo así un trato diferenciado que había generado controversia.
En Israel, el alistamiento en las Fuerzas de Defensa es un requisito para la mayoría de los ciudadanos judíos al alcanzar los 18 años. No obstante, desde hace décadas se estableció una exención para los estudiantes de las yeshivá, centros de estudio de la Torá, que permitió a los miembros de la comunidad ultraortodoxa no participar en las filas del ejército. Además de quedar liberados del alistamiento, recibían asignaciones estatales que cubrían parte de sus gastos de manutención.
Estos beneficios económicos incluían subsidios mensuales que ayudaban a costear vivienda, alimentos y estudios religiosos, así como exenciones fiscales en ciertos casos. La medida de la Suprema Corte de Israel anula ahora esos apoyos para quienes continúen desestimando su servicio militar. El fallo no obliga automáticamente al alistamiento, pero retira el respaldo financiero hasta que se cumpla con las obligaciones conscriptivas.
El tribunal argumentó que otorgar ventajas económicas a un grupo que no asume el mismo compromiso que el resto de ciudadanos vulnera el principio de igualdad ante la ley. Según la resolución, mantener dichos subsidios generaba un trato discriminatorio y podía afectar la cohesión social. La decisión subraya que, aunque la libertad de creencias religiosas es protegida, no puede traducirse en privilegios incompatibles con los deberes cívicos.
La sentencia de la Suprema Corte de Israel abre ahora el debate sobre futuras iniciativas legislativas. El parlamento israelí podría promulgar nuevas normas que redefinan los criterios de exención o introduzcan alternativas al servicio militar tradicional. Mientras tanto, los líderes de las comunidades ultraortodoxas estudian posibles recursos o vías de diálogo con el gobierno para minimizar el impacto económico en sus congregaciones.
