Detención de uno de los cuatro presuntos estafadores brasileños acusados de ejercer la abogacía sin licencia en EE. UU. (Foto: Instagram)
Cuatro brasileños están siendo acusados de hacerse pasar por abogados para asegurar a migrantes la regularización de sus documentos en EE. UU. Según la acusación formal presentada ante un tribunal federal, estos presuntos defraudadores ofrecían servicios de asesoramiento legal y tramitación de papeles de inmigración a cambio de cuantiosas sumas de dinero, sin contar con la licencia ni la formación necesaria.
La Fiscalía señala que el esquema consistía en presentarse como letrados autorizados, redactar formularios oficiales y prometer notificaciones de citas ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), garantizando la residencia o la renovación de permisos de trabajo. Sin embargo, las víctimas nunca obtuvieron respuestas positivas ni confirmaciones oficiales, y gran parte de la documentación presentada fue rechazada o nunca fue entregada a las autoridades correspondientes.
En Estados Unidos, la práctica no autorizada de la abogacía está prohibida y regulada por leyes federales y estatales. Sólo los profesionales debidamente admitidos en el colegio de abogados (bar association) de cada estado pueden ofrecer asesoramiento legal en materia de inmigración. Cuando una persona no autorizada presta estos servicios, incurre en delitos que pueden ser procesados bajo el artículo 1546 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, relativo a fraudes y falsificaciones de documentos de inmigración.
El proceso de regularización de estatus migratorio en EE. UU. suele requerir la presentación de formularios específicos, pruebas de identidad, antecedente laboral y, en ocasiones, documentos de viaje. El USCIS supervisa y valida toda la información. Los demandantes deben demostrar elegibilidad bajo programas como la Tarjeta Verde (Green Card) o permisos provisionales. Esta complejidad hace que muchos migrantes recurran a intermediarios, lo que aumenta el riesgo de caer en redes fraudulentas.
Los cargos contra los cuatro brasileños incluyen conspiración para cometer fraude postal y fraude de documentos de inmigración. Si son hallados culpables, podrían enfrentarse a penas de prisión de hasta cinco años y sanciones económicas considerables. Adicionalmente, los acusados podrían ser objeto de decomiso de bienes relacionados con los ingresos obtenidos por sus actividades ilícitas.
Casos similares han sido detectados en años recientes, donde individuos sin titulación jurídica prometían residencias permanentes, asilo o permisos de trabajo. Las autoridades federales, junto con agencias estatales de protección al consumidor, han intensificado los operativos para desmantelar estas redes, publican advertencias y orientan a la población migrante sobre los riesgos de contratar servicios no acreditados.
Para evitar fraudes, los migrantes deben verificar siempre la matrícula y el número de colegiado de cualquier abogado o representante acreditado ante el Departamento de Justicia de EE. UU. Existen directorios oficiales en línea donde comprobar estos datos. Asimismo, organizaciones sin ánimo de lucro y clínicas legales universitarias ofrecen asistencia gratuita y supervisada por profesionales autorizados.
La acusación contra los cuatro brasileños subraya la importancia de recurrir únicamente a asesores legales con licencias válidas y de confiar en canales oficiales para gestionar trámites migratorios. El caso avanza ahora en los tribunales federales, donde se determinará la responsabilidad penal de los implicados y la restitución a las víctimas de los montos defraudados.
