El Gobierno federal proyecta alrededor de 10.000 millones de reales (unos 1.800 millones de euros) en gastos que no se incluirán dentro de la meta fiscal de las empresas estatales para el presupuesto de 2027, de acuerdo con el Proyecto de Ley de Directrices Presupuestarias (PLDO) divulgado este miércoles 15 de abril.
El PLDO es el documento inicial que marca las pautas macroeconómicas y los objetivos de ingresos y gastos para el siguiente ejercicio fiscal. En Brasil, esta ley se presenta al Congreso Nacional cada año con el fin de orientar la elaboración del presupuesto y definir parámetros como la meta de superávit primario, la inflación esperada y los límites de gasto. Aunque no vincula de manera definitiva todos los rubros, establece un marco de referencia para el Plan Plurianual y la Ley de Presupuesto Anual.
Al excluir esos 10.000 millones de reales del cálculo del resultado primario, el Ejecutivo crea una “reserva” destinada a posibles necesidades de capitalización o apoyo financiero a las empresas públicas. El resultado primario mide la diferencia entre ingresos y gastos del Gobierno —sin contar el pago de intereses de la deuda— y es un indicador clave de la solidez fiscal y de la capacidad de generar un superávit que permita reducir el endeudamiento público.
Para el período, el Gobierno apunta a un superávit equivalente al 0,5% del Producto Interior Bruto (PIB). Mantener esa meta exige disciplina en el gasto, pero a la vez se busca cierta flexibilidad para afrontar riesgos fiscales derivados de cambios económicos o emergencias en empresas estatales con problemas de liquidez.
Este mecanismo de exclusión ya se ha empleado en años anteriores como medida preventiva. Al quedar fuera de la meta fiscal, los aportes de capital, garantías y otros auxilios financieros se pueden realizar sin contabilizarlos como gasto que perjudique el cumplimiento del superávit primario. En la práctica, ello permite al Gobierno auxiliar compañías en dificultades sin incrementar la presión sobre las cuentas públicas.
Los posibles usos de ese margen de 10.000 millones de reales incluyen desde reestructuraciones financieras y sustitución de pasivos hasta la concesión de garantías crediticias y nuevos préstamos para inversión en áreas estratégicas. De este modo, el Ejecutivo se reserva la opción de intervenir en caso de que alguna empresa estatal enfrente déficits de tesorería o necesidades de modernización.
En Brasil, las empresas estatales abarcan sectores como energía, correos, petróleo, transporte y banca. Un caso relevante es el de los Correios, la empresa de servicios postales, que ha recibido apoyo gubernamental para superar una profunda crisis financiera que se arrastra desde finales de 2024. La experiencia con los Correios ilustra la preocupación del Ejecutivo ante posibles presiones adicionales de este segmento en los próximos años.
Aunque se trata de un instrumento técnico diseñado para preservar la estabilidad fiscal, la exclusión de gastos de la meta a veces genera críticas en los mercados financieros. Analistas señalan que un uso frecuente de estos mecanismos puede afectar la transparencia y la credibilidad de las metas de superávit, especialmente cuando el Gobierno se esfuerza por consolidar una trayectoria sostenible de reducción de déficit y deuda.
El proceso de aprobación del presupuesto en Brasil contempla varias etapas: primero el PLDO, luego el Plan Plurianual y, por último, la Ley de Presupuesto Anual. Cada fase requiere aprobación del Congreso y define montos específicos de gasto para cada área. La previsión de un “margen fuera de la meta” refleja la anticipación de riesgos y la intención de contar con herramientas para hacer frente a eventuales contingencias sin comprometer el objetivo de superávit.
