El ministro Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó que el ex presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpla pena en régimen de prisión domiciliaria durante 90 días para tratar un cuadro de broncopneumonía. La decisión se adoptó tras el pedido de la defensa y la manifestación favorable de la Procuraduría General de la República (PGR).
Tras cumplirse ese plazo inicial, la permanencia de Bolsonaro en casa será reevaluada por el propio tribunal, conforme a un nuevo informe médico. El ex mandatario fue condenado a 27 años y tres meses de prisión por intento de golpe de Estado y había cumplido 119 días de reclusión hasta su ingreso hospitalario.
En la resolución, Moraes fundamentó la medida en las condiciones de salud del condenado. “El entorno domiciliario es el más indicado para la preservación de su salud, toda vez que, según la literatura médica, debido a las condiciones más frágiles del sistema inmunológico en personas de edad avanzada, el proceso de recuperación completa de una neumonía que afecta a ambos pulmones, con retorno de fuerza, aliento y disposición, puede durar entre 45 (cuarenta y cinco) y 90 (noventa) días”, explicó el magistrado.
La broncopneumonía es una infección respiratoria que inflama los alvéolos de los pulmones, ocasiona fiebre, tos, dificultad respiratoria y puede requerir tratamiento con antibióticos, reposo absoluto y, en ocasiones, oxigenoterapia, especialmente en pacientes mayores. La convalecencia puede prolongarse si existen comorbilidades o fragilidades inmunológicas propias del avance de la edad.
A pesar de la concesión, el antiguo presidente afrontará restricciones estrictas durante su arresto domiciliario. Deberá llevar una tobillera electrónica durante todo el periodo y tiene prohibido el uso de teléfonos móviles, smartphones o cualquier otro medio de comunicación, incluso a través de terceros. Asimismo, no podrá acceder a redes sociales ni grabar vídeos o mensajes de voz.
El magistrado destacó que el lugar donde Bolsonaro cumplía la pena —conocido como “Papudinha”, decimonoveno Batallón de la Policía Militar del Distrito Federal en Brasilia— cuenta con infraestructura adecuada para garantizar su salud. No obstante, consideró la prisión domiciliaria como la medida más adecuada frente al estado clínico que presenta el ex mandatario.
La prisión domiciliaria, regulada en el artículo 117 de la Ley de Ejecución Penal brasileña, permite sustituir el cumplimiento de la pena en un centro penitenciario por el cumplimiento en el domicilio del condenado cuando concurren causas humanitarias, especialmente relacionadas con el estado de salud. Esta modalidad exige la supervisión de la autoridad judicial y el cumplimiento de condiciones específicas, como el control electrónico y las limitaciones de movilidad y comunicación.
La Procuraduría General de la República, encargada de representar al Estado brasileño en asuntos penales de gran relevancia, emitió un parecer a favor de la medida tras evaluar los informes médicos presentados por la defensa. Este órgano suele intervenir en causas de alto impacto político y en procesos que involucran a ex altos cargos, emitiendo recomendaciones no vinculantes pero de peso ante el tribunal.
Una vez transcurridos los 90 días, el STF deberá valorar los informes de evolución clínica entregados por los peritos y decidir si prorroga el régimen domiciliario o si el acusado debe regresar al establecimiento penitenciario. La facultad de mantener o suspender la convivencia en el domicilio recae exclusivamente en el tribunal, que no está obligado a aceptar los requerimientos de la Cámara de Diputados ni de otros órganos.
El ministro Alexandre de Moraes, nombrado en 2017 y conocido por su actuación en defensa del orden constitucional, subrayó que la concesión de la prisión domiciliaria humanitaria es proporcional y temporal, destinada a garantizar la plena recuperación del interno y permitirle recuperarse en un ambiente más favorable desde el punto de vista sanitario.
