Un hombre de 57 años está siendo investigado en Borgo Virgilio, en la provincia de Mantua (Italia), tras suplantar la identidad de su propia madre, fallecida en 2022, para continuar cobrando su pensión. El caso salió a la luz el 11 de noviembre de 2025, cuando el sospechoso acudió a un notario para renovar el documento de identidad de la mujer, que ya llevaba muerta casi tres años.
Según fuentes oficiales, el implicado, hijo único de Graziella Dall’Oglio, mantuvo el engaño durante todo ese periodo para percibir un importe mensual vinculado a la pensión de la fallecida, oficialmente valorada en torno a 54.000 € anuales (equivalente a R$ 300 000). Al presentarse con peluca, maquillaje, vestido y pendientes, y hasta modificando la voz, logró inicialmente burlar los controles, pero despertó sospechas por el carácter inusual de su actuación.
Funcionarios del registro civil notaron incoherencias en la fotografía del documento y en la apariencia física, por lo que alertaron de inmediato a la policía local. Una vez abierta la investigación, las autoridades confirmaron el deceso de Graziella en 2022 y procedieron a registrar la denuncia de fraude.
La renovación de documentos en Italia exige la comprobación de datos personales ante los uffici anagrafici (oficinas de registro de población). En estos trámites, los interesados deben identificarse ante testigos y aportar fotografías recientes. En casos de dudas, el funcionario puede solicitar elementos adicionales, como certificados de vida o incluso una comparecencia en persona. Precisamente este último requisito fue el que provocó la detección del engaño.
Por ley, la inscripción de una defunción debe notificarse en el plazo de 48 horas tras el óbito, con el correspondiente certificado médico que acredite la causa de la muerte. Si no se registra el fallecimiento, el sistema de seguridad social continúa enviando prestaciones y, en consecuencia, abonando la pensión. Esta laguna burocrática resultó clave para que el individuo prolongara el cobro ilícito.
Una vez descubierta la falta de registro, la policía realizó una inspección domiciliaria en la vivienda donde vivía el hombre, hallando el cadáver de Graziella mumificado. Según la investigación preliminar, el cuerpo se conservó en condiciones naturales de desecación, pupas u hongos, sin intervención voluntaria, aunque esta situación permitió ocultar el fallecimiento durante meses.
Al respecto, los expertos señalan que la momificación natural puede darse cuando el entorno es seco y poco ventilado, lo que impide la descomposición bacteriana. Sin embargo, en un contexto residencial ordinario es poco frecuente que un cadáver permanezca inexpugnable al paso del tiempo sin generar olores o signos visibles de deterioro.
El procesado se enfrenta a posibles cargos por fraude a la seguridad social y ocultación de cadáver. En Italia, la estafa de prestaciones sociales puede acarrear penas de hasta cinco años de prisión, mientras que la ocultación de un cuerpo está tipificada con una sanción adicional que puede alcanzar los tres años, en función de las circunstancias agravantes.
Además, el hombre, que ejercía como enfermero y estaba desempleado al momento de los hechos, podría responder por falsificación de documentos y usurpación de identidad, delitos que, acumulados, suelen implicar multas económicas y prohibición temporal para ejercer funciones públicas o sanitarias.
Casos de fraude en pensiones no son inéditos en Europa. Durante los últimos años, varios países han reforzado los controles cruzando bases de datos de defunciones con entidades financieras y oficinas de empleo. En Italia, se han implementado sistemas automáticos de cotejo de certificados de defunción con los registros de pagos de prestaciones.
Expertos en seguridad social recomiendan a las administraciones mejorar la comunicación entre municipios y organismos de pensiones, así como establecer alertas tempranas que bloqueen los cobros en cuanto se registre una defunción, evitando de este modo desembolsos indebidos.
