Los acusados Saleh Mohammadi, Saeed Davodi y Mehdi Ghasemi en su juicio ante un tribunal revolucionario iraní (Foto: Instagram)
Las autoridades iraníes han llevado a cabo la ejecución del atleta Saleh Mohammadi, de 19 años, junto con Saeed Davodi y Mehdi Ghasemi, todos ellos acusados de haber participado en las protestas contra el régimen. Según reportes oficiales, los tres fueron ajusticiados en horas de la madrugada después de haber sido condenados por tribunales revolucionarios por cargos relacionados con alteraciones del orden público y supuestos actos de violencia durante las manifestaciones.
Las protestas contra el régimen iraní se iniciaron el pasado año tras la muerte de Mahsa Amini, que desató una ola de movilizaciones en varias ciudades del país. Miles de ciudadanos, principalmente jóvenes, exigieron cambios políticos y respeto a los derechos fundamentales. En respuesta, el gobierno endureció su política de represión, imponiendo penas de prisión y ejecuciones a quienes consideraba responsables de desórdenes y atentados contra la seguridad nacional.
En el marco de este endurecimiento, las sentencias de muerte se han multiplicado a cargo de los tribunales revolucionarios, que suelen celebrar juicios sumarios sin acceso garantizado a una defensa legal independiente. Organizaciones de derechos humanos denuncian que muchos de los acusados han sido sometidos a torturas durante el interrogatorio y que las pruebas que llevaron a la pena capital no han cumplido con los estándares internacionales de justicia.
Saleh Mohammadi, conocido en su comunidad como un joven promesa del atletismo local, fue detenido tras participar en una concentración en la ciudad de Shiraz. A lo largo de su proceso judicial, su familia denunció la imposibilidad de contar con un abogado de su elección y las presiones para confesar delitos que él negaba. La ejecución de Saleh Mohammadi ha generado consternación entre compañeros de entrenamiento y defensores de los derechos deportivos en Irán.
Por su parte, Saeed Davodi y Mehdi Ghasemi también habían sido arrestados durante enfrentamientos con fuerzas de seguridad en Teherán y Mashhad, respectivamente. Ambos permanecieron recluidos durante varios meses antes de ser acusados de “sedición” y “propaganda contra el Estado”, cargos que, según activistas, se emplean habitualmente para frenar la disidencia. La falta de transparencia en sus procesos y la rapidez con la que se dictaron las condenas ha provocado críticas internacionales.
Organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch han pedido al gobierno iraní el fin de las ejecuciones y un alto a la aplicación de la pena de muerte en casos vinculados con la libertad de expresión y reunión. A la vez, varios parlamentos extranjeros han instado a Teherán a permitir observadores independientes y garantizar juicios justos conforme a los tratados internacionales de derechos humanos.
