Yoon Suk Yeol, ex presidente surcoreano, tras las rejas por insurrección al declarar la ley marcial en 2024 (Foto: Instagram)
El ex presidente Yoon Suk Yeol fue declarado culpable de insurrección por haber ordenado la imposición de la ley marcial en 2024, según la sentencia dada a conocer por el tribunal encargado de juzgar su caso. En el fallo, los magistrados concluyeron que la medida, adoptada en un contexto de crisis interna, equivalió a un acto deliberado de subversión del orden constitucional, castigado por la legislación surcoreana. Pese a la gravedad de la acusación, el tribunal rechazó la solicitud formulada por los fiscales de imponer la pena de muerte al ex mandatario.
La figura de la insurrección, definida en el Código Penal de Corea del Sur, alude a cualquier acción que tenga por objetivo derrocar o desestabilizar el gobierno legítimo mediante el uso de la fuerza o mediante la violación grave de las normas constitucionales. Al decretar la ley marcial, Yoon Suk Yeol suspendió derechos fundamentales, como la libertad de reunión y el habeas corpus, y autorizó la intervención directa de las fuerzas armadas en asuntos civiles. Para los tribunales, dichas decisiones atentaron contra el principio de supremacía civil sobre el poder militar y constituyen un delito tipificado con penas severas.
La ley marcial en Corea del Sur se regula tanto en la Constitución como en leyes especiales que establecen los supuestos y procedimientos para su aplicación. Tradicionalmente, solo en situaciones de invasión exterior o de guerra declarada se recurre a esta figura jurídica. La declaración de ley marcial faculta al Ejecutivo para restringir derechos, imponer toques de queda, detener sospechosos sin orden judicial y canalizar el poder legislativo a través de decretos de urgencia. En este caso, el tribunal sostuvo que Yoon Suk Yeol no cumplió con los requisitos formales ni había respaldo parlamentario para activarla.
El pedido de pena de muerte por parte de los promotores del juicio se basó en la consideración de que la insurrección figura entre los delitos más graves contra el Estado. No obstante, los magistrados rechazaron esa solicitud al estimar que, aunque la conducta de Yoon Suk Yeol implicó un quiebre significativo del orden constitucional, no quedó acreditado que su actuación buscara acabar con la vida de ciudadanos o autoridades. En consecuencia, se optó por una pena privativa de libertad de carácter elevado, según informaron fuentes cercanas al proceso.
La pena de muerte aparece contemplada en el actual Código Penal surcoreano, pero no se aplica de manera efectiva desde finales de los años noventa. Existe una moratoria de facto que mantiene congeladas las ejecuciones, incluso cuando los tribunales imputan este castigo. Desde 1997, ningún condenado ha sido llevado a la cámara de ejecución, lo que convierte a Corea del Sur en uno de los pocos países de la región con leyes capitales sin aplicación práctica.
Este caso evoca episodios previos en la historia de Corea del Sur en los que se declaró la ley marcial en momentos de tensión política o social, como durante regímenes autoritarios del pasado. Sin embargo, la condena de un presidente recientemente en el cargo por insurrección representa un hito inédito en el sistema judicial surcoreano. Los analistas señalan que la sentencia refuerza la independencia del poder judicial y el principio de rendición de cuentas de los gobernantes.
El fallo del tribunal no es aún definitivo, ya que la defensa de Yoon Suk Yeol puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema. El desenlace de esta apelación determinará el carácter firme de la pena impuesta y marcará un precedente sobre los límites legales de la imposición de la ley marcial por parte de autoridades civiles.
