La exdiputada, flanqueada por abogados y agentes, llega al Palacio de Justicia de Roma para una nueva audiencia de extradición. (Foto: Instagram)
La exdiputada está detenida en Roma desde julio de 2025 y aún no se ha resuelto su situación definitiva. La autoridad judicial italiana estudia en estos momentos si procede conceder la extradición solicitada por el país requirente. En caso de que el tribunal inferior dicte una orden de traslado, la exdiputada dispondrá de un recurso extraordinario ante la instancia superior de la justicia italiana.
Desde que ingresó en el centro penitenciario de la capital italiana, la exdiputada ha permanecido bajo custodia preventiva mientras se sustancia el proceso de extradición. Esta etapa inicial se centró en verificar la documentación remitida por las autoridades solicitantes y en garantizar el cumplimiento de los derechos de la exdiputada durante su comparecencia ante el tribunal.
Si la decisión de la Corte di Appello civile de Roma —o del tribunal competente— es favorable a la petición de traslado, la exdiputada todavía puede presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema di Cassazione. Este tribunal de última instancia revisa únicamente cuestiones de derecho y no entra a valorar de nuevo la credibilidad de las pruebas ya examinadas, lo que convierte ese paso en un control estrictamente jurídico del fallo previo.
El procedimiento de extradición en Italia se rige por tratados bilaterales y por normativas europeas que obligan a las autoridades a respetar pautas comunes, como el principio de especialidad —que limita el uso de la persona extraditada a los delitos por los que se concedió la entrega— y el derecho a la defensa. Durante todo el proceso, la exdiputada cuenta con asistencia letrada y puede presentar incidentes de nulidad o cuestiones de legalidad procesal.
En términos generales, la Corte Suprema di Cassazione tarda varios meses en resolver los recursos de casación en materia de extradición. Una vez admitido a trámite el recurso de la exdiputada, el tribunal italiano fijará una audiencia en la que examinará los escritos presentados por la defensa y por el Ministerio Público, para luego dictar sentencia sobre la constitucionalidad y la correcta aplicación de la ley.
El sistema judicial italiano prevé que, hasta que exista una resolución firme de la Corte Suprema di Cassazione, la orden de extradición no se ejecute. Esto otorga a la exdiputada un margen de tiempo para plantear alegaciones sobre vulneraciones de garantía o posibles riesgos en caso de ser trasladada. Mientras tanto, seguirá recluida en Roma, a la espera de que los tribunales superiores confirmen o revoquen la orden de entrega.
