El presidente de Argentina, Javier Milei, anunció oficialmente el envío de un proyecto de ley al Congreso Nacional que propone reducir la edad de imputabilidad penal de los menores a 13 años. Bajo el lema “Crimen de adultos, punición de adultos”, la iniciativa establece un nuevo régimen jurídico para adolescentes de entre 13 y 18 años involucrados en delitos graves, de manera que reciban sanciones equivalentes a las previstas para los mayores de edad.
El texto, elaborado conjuntamente por los Ministerios de Seguridad y de Justicia, responde a lo que el Gobierno califica como un crecimiento de la criminalidad juvenil y al reclutamiento de menores por parte de organizaciones delictivas. Según la nota oficial, la legislación vigente habría convertido a Argentina en un “campo de impunidad”, donde la puerta giratoria de la justicia permite que adolescentes cometan infracciones con escasas consecuencias penales. En este sentido, la administración de Milei critica gestiones previas por haber postergado el debate sobre la mayoridad penal durante años.
El proyecto contempla que, a partir de los 13 años, un adolescente pueda ser judicializado bajo procedimientos similares a los del fuero penal ordinario, renunciando así a la protección del sistema de justicia juvenil tradicional. Se prevé también la creación de tribunales especializados y la adaptación de centros de detención para acoger a los jóvenes procesados, aunque la iniciativa insiste en aplicar “penas proporcionales” según la gravedad del delito.
Históricamente, Argentina ha mantenido la edad de imputabilidad penal en 16 años desde mediados del siglo XX, siguiendo estándares establecidos en la década de 1990 por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Convención sobre los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, que recomienda un mínimo de 14 años. En contraste, algunos países de la región cuentan con umbrales más bajos, como Brasil (18 años, salvo casos excepcionales) o Chile (14 años para infracciones muy graves). La propuesta de Milei situaría a Argentina entre los pocos países que contemplan la responsabilidad penal a partir de los 13 años.
La iniciativa desencadenará un intenso debate parlamentario y social, en el que se evaluarán datos estadísticos oficiales sobre delitos cometidos por menores en los últimos años. La gestión presidencial defiende la rapidez en la aprobación como respuesta a la demanda ciudadana de mayor seguridad, mientras que organizaciones de derechos humanos y especialistas en justicia juvenil han advertido sobre los riesgos de criminalizar a la infancia y la adolescencia, poniendo en cuestión la eficacia de la prisión como mecanismo de reinserción.
Actualmente, el proyecto aguarda su tratamiento en comisiones del Congreso, donde deberá superar análisis técnicos y posibles modificaciones. Una vez aprobado, entraría en vigencia de forma escalonada, dejando un plazo para la adecuación del sistema penitenciario y judicial. Mientras tanto, el Gobierno insiste en su argumentación de que esta norma representa “una reforma integral que fortalece el Estado de derecho” y busca “proteger a los ciudadanos de bien frente a la violencia juvenil”.
