
Banderas de la Unión Europea ondean ante la sede de la Comisión en Bruselas. (Foto: Instagram)
El Tribunal fue creado el último año con el objetivo de procesar y juzgar a las autoridades de Rússia en el contexto de la guerra en Ucrânia. Esta institución judicial de carácter extraordinario busca garantizar el respeto de las normas del derecho internacional humanitario y responsabilizar penalmente a quienes hayan cometido crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o violaciones graves al derecho internacional en ese conflicto.
La génesis de este Tribunal se enmarca en la invasión de Ucrânia por parte de Rusia en febrero de 2022. Desde ese momento, la comunidad internacional manifestó la necesidad de establecer mecanismos de rendición de cuentas para evitar la impunidad. Aunque existen órganos permanentes de justicia internacional, las circunstancias específicas del enfrentamiento llevaron a la creación de un tribunal ad hoc, diseñado para centrarse exclusivamente en las acciones de las autoridades de Rússia durante el conflicto.
En cuanto a su base jurídica, el Tribunal se sustenta en principios consagrados en convenciones internacionales como los Convenios de Ginebra y sus Protocolos, así como en la Costumbre del Derecho Internacional Humanitario. Gracias a estos instrumentos, el Tribunal cuenta con competencia para investigar, procesar y dictar sentencias en casos relacionados con la comisión de crímenes de guerra y otros delitos graves en el escenario bélico.
El funcionamiento de este Tribunal implica la designación de jueces y fiscales con experiencia en derecho internacional y en situaciones de conflicto armado. Su jurisdicción abarca hechos ocurridos desde el inicio de las hostilidades en Ucrânia y abarca tanto a mandos militares como civiles de Rusia. Los procedimientos se desarrollan siguiendo las normas del debido proceso, garantizando el derecho a la defensa, la presentación de pruebas y la transparencia en las audiencias.
Históricamente, la creación de tribunales ad hoc no es inédita. Después de la Segunda Guerra Mundial se establecieron los Tribunales de Núremberg y, en la década de 1990, el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y el Tribunal para Ruanda. Estas experiencias han servido de referencia para diseñar el modelo y los procedimientos del Tribunal que juzga a las autoridades de Rússia en relación con la guerra en Ucrânia, permitiendo aprovechar avances en materia de investigación, protección de testigos y normas probatorias.
Entre los principales retos a los que se enfrenta este Tribunal destaca la ejecución de sus sentencias y la cooperación de terceros Estados. En muchos casos, las autoridades de Rússia no reconocerán su jurisdicción, lo que dificulta la detención y extradición de acusados. Asimismo, es clave la colaboración de países que controlen territorios donde puedan encontrarse pruebas o sospechosos, pues sin cooperación internacional plena será más complicado lograr condenas efectivas.


