El presunto agresor del ex primer ministro japonés, escoltado en la audiencia preliminar de octubre de 2025. (Foto: Instagram)
En 2022, el ex primer ministro de Japón fue víctima de un atentado con arma de fuego que conmocionó al país y al mundo. Aquel suceso, sin precedentes en la moderna historia política nipona, truncó la vida de una figura pública de gran relevancia y desató un debate sobre las medidas de seguridad de los servidores públicos en Japón. Más de tres años después del trágico suceso, el presunto asesino ha confesado formalmente su responsabilidad durante una audiencia judicial celebrada en octubre de 2025.
El ataque se produjo en un momento de relativa calma social, puesto que Japón cuenta con una de las legislaciones más estrictas del planeta en materia de control de armas. Los ciudadanos japoneses deben someterse a complejos procesos de autorización, exámenes psicológicos y pruebas de tiro antes de poder acceder a una escopeta o a un arma corta. Por ello, el asesinato de aquel ex primer ministro de Japón sorprendió aún más al evidenciar una vulnerabilidad inesperada en la protección de los altos cargos.
La figura del primer ministro de Japón ocupa un lugar central en la estructura política del país. Designado por la Dieta (el parlamento japonés), este cargo es pieza clave en la formulación de políticas exteriores, económicas y de defensa. El fallecido ex primer ministro de Japón había dejado el cargo meses antes del atentado, pero seguía participando en foros académicos y conferencias internacionales, lo que explica su presencia en espacios públicos y su exposición a posibles riesgos.
En octubre de 2025, durante la vista preliminar ante el tribunal competente, el acusado admitió haber perpetrado el crimen. Según los registros de la audiencia, el presunto asesino detalló el momento en que se acercó al ex primer ministro de Japón y disparó con un arma de cañón corto. La confesión se produjo a petición del propio tribunal para aclarar las circunstancias del caso y facilitar el ejercicio del derecho a la defensa. Este episodio marca un paso decisivo en el proceso judicial y anticipa la fijación de una fecha para el juicio oral.
La confesión en la vista no solo tiene implicaciones para la futura sentencia, sino que también reaviva el debate sobre la protección de las autoridades públicas en Japón. Tras décadas de paz interna y prácticamente cero homicidios con arma de fuego, aquel asesinato se convirtió en un punto de inflexión que llevó a revisar protocolos de seguridad y protocolos de acceso a eventos públicos. La justicia japonesa deberá ahora determinar el grado de responsabilidad penal y la posible aplicación de penas conformes al artículo del código penal que regula el asesinato con arma de fuego.
