Tres técnicos de enfermería, Marcos Vinícius Silva Barbosa de Araújo, Amanda Rodrigues de Sousa y Marcela Camilly Alves da Silva, han sido arrestados en el Distrito Federal, Brasil, señalados como presuntos responsables de homicidios cometidos en el Hospital Anchieta, en Taguatinga. Los supuestos crímenes habrían ocurrido en noviembre y diciembre del año pasado y fueron denunciados ante la Policía Civil local, que lleva adelante la investigación.
Según las pesquisas, las víctimas recibían atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital. Los investigadores analizaron horas de grabaciones de las cámaras de seguridad instaladas en esa área crítica, utilizadas habitualmente para supervisar movimientos del personal y garantizar la correcta administración de tratamientos a pacientes en estado grave.
Hasta la fecha, la Policía Civil ha identificado tres víctimas: una profesora jubilada de 75 años residente en Taguatinga; un funcionario público de 63 años, de Riacho Fundo I; y un servidor de 33 años procedente de Brazlândia. Todas ellas permanecían ingresadas en la UCI al momento de los hechos y presentaron fallecimientos que motivaron la apertura del caso.
En un comunicado, la dirección del Hospital Anchieta explicó que, al detectar “circunstancias atípicas relacionadas con tres óbitos” en la UCI, constituyó un comité interno para examinar los sucesos. Tras concluir una etapa preliminar de revisión de expedientes y protocolos, la gerencia solicitó formalmente el inicio de un inquérito policial. Asimismo, el centro médico aseguró que los tres técnicos implicados fueron despedidos y que se mantuvo contacto directo con los familiares de las víctimas para brindarles explicaciones.
La Policía Civil detalla que uno de los detenidos, un técnico de enfermería de 24 años, habría accedido indebidamente al sistema electrónico del hospital con las credenciales de un doctor para generar recetas de un fármaco inadecuado. Acto seguido, se desplazó a la farmacia interna, retiró el producto y lo inoculó a los pacientes sin la aprobación ni supervisión de la plantilla médica responsable.
Las investigaciones policiales determinan que se realizaron dos de estas aplicaciones el 17 de noviembre y una más el 1 de diciembre. Para disimular su participación, el técnico habría practicado maniobras de masaje cardiaco inmediatamente después de las inyecciones, simulando intentos de resucitación para ocultar la verdadera causa de las muertes.
Además, en el caso de la paciente de 75 años, se apunta que el procesado empleó una jeringa para administrar desinfectante en al menos diez ocasiones durante el mismo día en que la mujer sufrió múltiples paradas cardíacas. Según la Policía Civil, el técnico de 24 años fue quien ejecutó directamente las inyecciones, mientras que las dos acompañantes, de 22 y 28 años, habrían asistido en dos de los episodios. Inicialmente, los tres negaron su implicación, pero ante las pruebas extraídas de las grabaciones terminaron reconociendo su participación.
