Fuerzas de seguridad iraníes desplegadas frente a un edificio con la bandera nacional durante el operativo de contención de las protestas. (Foto: Instagram)
Las protestas en Irán han sido reprimidas por las autoridades iraníes desde hace varias semanas. En numerosas ciudades del país, manifestantes han salido a las calles para expresar su descontento por distintas cuestiones de índole social y económica, encontrándose una respuesta contundente por parte de los cuerpos de seguridad estatales.
Estas manifestaciones, que en muchos casos comenzaron de forma pacífica, han ido expandiéndose y diversificándose con el paso de los días. Los manifestantes han reclamado tanto mejoras en las condiciones de vida, como la reducción de la inflación y el desempleo, así como la ampliación de libertades civiles. Frente a estas demandas, las autoridades iraníes han implementado operativos de dispersión que incluyen el uso de cañones de agua, gases lacrimógenos y, en algunas ocasiones, detenciones masivas para desalentar la continuidad de las protestas.
Históricamente, Irán ha sido escenario de levantamientos populares en momentos de crisis política o económica. La Revolución de 1979 marcó un antes y un después en el país, y episodios más recientes, como las protestas de 2009 por los resultados electorales, evidenciaron de nuevo la tensión existente entre amplios sectores de la población y el Gobierno. En este contexto, las actuales protestas se enmarcan dentro de un patrón de movilizaciones sociales que suelen responder a la conjunción de factores internos —como la subida de precios de bienes básicos y la escasez de suministros— y a la percepción ciudadana de falta de representatividad política.
Para hacer frente a estas movilizaciones, las autoridades iraníes han reforzado las operaciones de vigilancia y control. Se han cortado o limitado los servicios de internet en zonas estratégicas, dificultando la difusión de imágenes y testimonios desde el interior de las protestas. Asimismo, las fuerzas de seguridad, incluida la policía y unidades paramilitares, han intensificado los patrullajes en puntos neurálgicos de las ciudades donde las concentraciones han sido más numerosas, como Teherán, Isfahán y Mashhad.
El proceso de represión ha conllevado, según distintas fuentes, cientos de detenciones e incluso la apertura de procedimientos judiciales por cargos de “alteración del orden público” o “propaganda contra el sistema”. Los detenidos son trasladados a comisarías o centros de detención provisionales, donde permanecen incomunicados durante días antes de comparecer ante tribunales. Esta estrategia de contención judicial busca, por un lado, impedir que las protestas se sigan extendiendo y, por otro, disuadir a otros ciudadanos de participar en actos de desobediencia civil.
En el plano internacional, la represión de las protestas en Irán ha recibido muestras de preocupación por parte de organizaciones de defensa de derechos humanos, aunque el Gobierno de Teherán insiste en presentar estas movilizaciones como intentos desestabilizadores coordinados por potencias extranjeras. Sea cual sea la versión oficial, la respuesta de las autoridades iraníes ha aumentado la presión sobre un país ya marcado por sanciones económicas y aislamiento diplomático.
Ante esta situación, se espera que la evolución de las protestas dependa tanto de la capacidad de los manifestantes para sostener el ritmo de las movilizaciones como de la disposición de las autoridades iraníes a ofrecer concesiones parciales. Mientras tanto, a pie de calle, la tensión permanece elevada y el pulso entre la sociedad civil y los aparatos de seguridad del Estado continúa aglutinando la atención nacional e internacional.
