El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández escoltado por agentes de seguridad durante su detención en Tegucigalpa en 2022. (Foto: Instagram)
El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, ha solicitado formalmente a las agencias de seguridad del país y a la Interpol que ejecuten la orden de arresto internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado recientemente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
Hernández fue condenado por colaborar en el transporte de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y cumplía una pena de 45 años de prisión en Nueva York por tráfico de drogas y comercio ilegal de armas. Fue capturado en Tegucigalpa en febrero de 2022, poco después de dejar el cargo, y extraditado a Estados Unidos por orden de la actual presidenta hondureña, Xiomara Castro.
El indulto, otorgado por Trump el 28 de noviembre —dos días antes de las elecciones generales en Honduras—, provocó un fuerte debate en el país. Aunque algunos ciudadanos aún recuerdan con nostalgia los mandatos de Hernández, muchos se mostraron indignados al ver cómo un condenado por narcotráfico era liberado antes de cumplir su condena.
El perdón presidencial llegó en un momento de gran tensión política. Honduras vive una elección presidencial muy disputada, con el candidato conservador Nasry “Tito” Asfura, del Partido Nacional de Honduras (el mismo de Hernández), liderando el conteo de votos con una estrecha ventaja sobre Salvador Nasralla, del Partido Liberal. Trump había expresado su apoyo a Asfura antes de las elecciones, lo que añade una dimensión política al indulto.
El regreso de Hernández a Honduras podría verse facilitado si Asfura resulta vencedor. Sin embargo, Nasralla, que ha hecho de la lucha contra la corrupción su bandera, acusa a Hernández de haberle robado las elecciones de 2017 mediante fraude.
Trump justificó su decisión afirmando que muchos hondureños habían solicitado el perdón para Hernández y que, tras revisar el caso, consideró que el expresidente fue tratado injustamente por los fiscales. Las acusaciones contra Hernández también implican un escándalo de corrupción que desvió millones de euros de fondos públicos para financiar su campaña de 2013.
