Nicolás Maduro responde en rueda de prensa a las recientes sanciones de EE. UU. (Foto: Instagram)
A partir del lunes 24 de noviembre, el gobierno de los Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, ha incluido oficialmente al presidente venezolano Nicolás Maduro y a altos funcionarios de su gobierno en la lista de integrantes de una organización terrorista extranjera. Esta decisión, anunciada por el Departamento de Estado, señala al llamado "Cartel de los Soles" como una estructura criminal vinculada a actividades de narcotráfico y corrupción, supuestamente liderada por militares y autoridades venezolanas.
La reacción del gobierno de Venezuela fue inmediata. A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, Caracas rechazó categóricamente la medida, calificándola de “ridícula patraña” y acusando a Washington de intentar justificar una intervención ilegal para propiciar un cambio de régimen. El texto también critica directamente al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, por promover lo que consideran una “infame y vil mentira”.
Venezuela sostiene que el “Cartel de los Soles” es una invención sin fundamento y afirma que esta nueva agresión de Estados Unidos está destinada al fracaso, como otras acciones anteriores. El gobierno venezolano lamentó tener que desviar su atención de la gestión nacional para responder a estas acusaciones, asegurando que el pueblo se mantiene unido, celebrando las festividades navideñas y comprometido con la defensa de la paz y los intereses de la República.
La designación del Cartel de los Soles como organización terrorista implica consecuencias legales severas. A partir de ahora, se podrán aplicar sanciones como la prohibición de entrada a Estados Unidos a sus presuntos miembros y la tipificación como delito federal grave cualquier tipo de apoyo material a dicha organización, incluyendo el suministro de armas o financiación.
La medida marca un nuevo punto de tensión en las ya deterioradas relaciones entre Washington y Caracas, en un contexto en el que Estados Unidos continúa presionando por un cambio político en Venezuela, mientras el gobierno de Maduro denuncia una campaña internacional de desestabilización.
