El Tribunal Supremo de Estados Unidos decidió por 5-4 rechazar la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que congelaba 2.000 millones de dólares en ayuda internacional. La decisión ordena al gobierno desembolsar los fondos de inmediato, revirtiendo la política de Trump de recortar el gasto público.
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La decisión se basó en la orden del juez de distrito de Washington Amir Ali, quien ordenó el desembolso inmediato de los fondos a los contratistas y beneficiarios de subvenciones de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Departamento de Estado. La orden de Ali había dado al Gobierno hasta el 26 de febrero para desembolsar los fondos, que ascienden a casi 2.000 millones de dólares y podrían tardar semanas en pagarse en su totalidad.
El Tribunal Supremo, encabezado por el presidente John Roberts, y la conservadora Amy Coney Barrett se unieron a los tres jueces liberales para formar mayoría y rechazar la petición de la Administración Trump. Los jueces conservadores Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh disintieron. La decisión supone una derrota para Trump en su empeño por recortar el gasto público.
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La orden de Trump fue emitida en su primer día de vuelta al cargo, el 20 de enero, como parte de su agenda «America first». La orden congelaba toda la ayuda exterior durante 90 días y ponía en peligro la entrega de alimentos y asistencia médica. Además, la administración Trump realizó despidos masivos en USAID, la mayor agencia de ayuda humanitaria del mundo, y solo mantuvo al 6% de la plantilla.
Las organizaciones de ayuda han argumentado ante el Tribunal Supremo que «sufrirían un daño extraordinario e irreversible si continúa la congelación de la financiación», al igual que sus empleados y las poblaciones que dependen de su trabajo. La retirada estadounidense de la ayuda internacional pone en peligro la vida de millones de personas vulnerables, entre ellas las afectadas por enfermedades potencialmente mortales y las que viven en zonas de conflicto.
Trump defendió sus políticas en un discurso ante el Congreso, argumentando que son necesarias para remodelar y reducir el Gobierno federal. Sin embargo, la sentencia del Tribunal Supremo supone una derrota para su administración y podría tener implicaciones significativas para la política de ayuda internacional de Estados Unidos.
