La tensión migratoria entre Estados Unidos y América Latina alcanzó un nuevo punto crítico este domingo cuando la administración Trump anunció severas medidas punitivas contra Colombia, incluyendo aranceles del 25% sobre las exportaciones colombianas y la cancelación de visas diplomáticas, en respuesta directa al rechazo de vuelos militares con deportados.
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La crisis se desencadenó cuando el presidente colombiano Gustavo Petro vetó el aterrizaje de dos aeronaves militares estadounidenses que transportaban ciudadanos colombianos deportados, una decisión que Trump calificó como una amenaza a la seguridad nacional americana. A través de su plataforma Truth Social, el mandatario estadounidense arremetió contra el “presidente socialista” Petro, a quien describió como “muy impopular entre su pueblo”.
La respuesta de Washington fue inmediata y multifacética. Según reportaron medios colombianos y españoles, incluyendo El Tiempo y El País, el Departamento de Estado procedió al cierre temporal de la sección de visados en su embajada en Bogotá. Una fuente oficial estadounidense confirmó al periódico bogotano que esta medida fue una respuesta directa a la negativa de Petro de aceptar los vuelos, que “habían sido previamente autorizados por los más altos niveles de gobierno”.
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El conflicto amenaza con expandirse, ya que Washington ha advertido sobre “medidas de represalia adicionales” que serán implementadas próximamente. Aunque la noticia del cierre de la sección de visados ha sido ampliamente difundida por medios como la revista Semana y la radio RCN, hasta el momento no ha habido confirmación oficial a través de los canales del Departamento de Estado, la embajada estadounidense en Bogotá o del secretario de Estado, Marco Rubio.
En el centro de la disputa está el debate sobre el trato digno a los migrantes. Petro ha sido enfático en su posición: “Los Estados Unidos no pueden tratarlos como criminales”. El mandatario colombiano exige que las deportaciones se realicen en “aeronaves civiles” y bajo protocolos establecidos, argumentando que “un migrante no es un criminal”.
En un giro inesperado, Petro reveló que 15,660 ciudadanos estadounidenses residen de manera irregular en Colombia, instándolos a regularizar su situación mientras garantiza su permanencia en el país. “Nunca me verán quemando una bandera americana o realizando una operación para devolver inmigrantes ilegales a Estados Unidos esposados. Los verdaderos libertarios nunca atacarán la libertad humana. Somos lo opuesto a los nazis”, declaró.
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Esta crisis bilateral coincide con un momento de tensión regional más amplia. Brasil, otro actor clave en la región, acaba de denunciar el “tratamiento degradante” dispensado a 88 de sus ciudadanos deportados, quienes fueron esposados durante un vuelo comercial. El gobierno brasileño ha calificado como “inaceptable” el incumplimiento de las condiciones acordadas con Estados Unidos.
Los deportados brasileños, que llegaron a Manaus acompañados por 16 agentes de seguridad estadounidenses y ocho tripulantes, reportaron malos tratos durante el vuelo. La situación requirió la intervención del poder judicial brasileño para ordenar la remoción de las esposas, y el presidente Lula da Silva dispuso un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para completar su traslado a Belo Horizonte.
Este vuelo marca el segundo del año transportando inmigrantes deportados a Brasil y el primero desde la toma de posesión de Trump, según confirma la Policía Federal brasileña, evidenciando una escalada en la política de deportaciones que está generando crecientes tensiones diplomáticas en la región.
